Caso de “la tía Paty” destapa presunta red de extorsión y acoso digital en Nuevo León

La investigación contra los administradores de la cuenta de Instagram conocida como “la tía Paty” escaló esta semana en Nuevo León, luego de que la Fiscalía estatal ejecutara una orden de aprehensión contra Astrid “N” y César “N”, señalados por presuntos delitos vinculados con extorsión, difusión de contenido sensible, suplantación de identidad y ataques digitales.

Aunque la página se presentaba como un espacio de “chismes” sobre influencers y figuras conocidas de Monterrey, las autoridades sostienen que detrás de esa fachada operaba una dinámica de presión y amenazas contra distintas personas. Ambos acusados ya fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso.

El caso cobró mayor visibilidad tras los testimonios de varias víctimas. Una de ellas es Valeria Macías, activista y promotora de la llamada Ley Valeria, quien denunció que fue exhibida por la cuenta luego de pedir que dejaran de publicar contenido contra una amiga suya. A partir de ahí, relató, comenzó una campaña de desprestigio que afectó su salud emocional y puso en duda públicamente la veracidad de su propia lucha contra el acoso.

Con el paso del tiempo, la cuenta dejó de centrarse únicamente en figuras públicas y comenzó a dirigir publicaciones contra personas sin exposición mediática e incluso pequeños negocios. De acuerdo con distintos testimonios, la dinámica consistía en exhibir a las víctimas, difundir información delicada y posteriormente pedir dinero a cambio de retirar el contenido.

Otra de las denunciantes es la abogada Perla Calvillo Cantú, quien aseguró haber sido blanco de ataques tras detectar inconsistencias en uno de los casos que le habían acercado. Según su testimonio, después de esa situación comenzaron publicaciones en su contra y contra su familia, además de amenazas y materiales manipulados, incluidos contenidos elaborados con inteligencia artificial. A cambio de detener la campaña, dijo, le exigieron 400 mil pesos.

La abogada presentó una denuncia formal en diciembre de 2025, elemento que resultó clave para la apertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía.

A la par, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una posible red vinculada con Telegram, donde presuntamente se ofrecían servicios sexuales mediante un catálogo de mujeres promocionadas desde espacios relacionados con la misma cuenta. Parte de esas publicaciones habrían implicado cobros y amenazas para evitar que las personas involucradas abandonaran la red o denunciaran lo ocurrido.

Incluso se ha reportado al menos un caso de presunta agresión sexual relacionado con esta estructura. De acuerdo con testimonios difundidos públicamente, algunas jóvenes habrían sido amenazadas con la exposición de datos personales si intentaban salir o hablar del tema.

Esta semana, además, la Fiscalía informó que César “N” fue vinculado a proceso por el delito de extorsión. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descarta que existan más personas involucradas, debido a la aparición continua de nuevos testimonios.